Gasto público y descentralización



Por Gabriel Boragina © 

En el debate sobre el gasto púbico, se presentan posturas muy variadas, aun incluso dentro del grupo de personas que comparten una afín línea de ideas económicas. Así, hay ciertos autores que utilizan una terminología que nosotros hemos criticado en otras oportunidades, y trazan distinciones entre los denominados países desarrollados y subdesarrollados. Ambas palabras denotan situaciones estáticas que no se compadecen con la realidad económica, y ni siquiera vital, ya que implican un estado final en un proceso que, precisamente, no tiene final. En rigor, todas las naciones se encuentran en desarrollo, y sería más exacto aludir al diferente estado de adelanto comparativo entre sus variables económicas, aspectos a los que hemos aludido en otras partes y en los cuales no nos detendremos ahora. Pero examinemos seguidamente a un autor que hace uso de esta tan critícable terminología:
"En términos generales, los países desarrollados han tendido a concentrar sus estructuras fiscales, típicamente muy descentralizadas, mientras que los países en desarrollo, que adolecen del fenómeno opuesto, han tendido a descentralizar tanto la decisión sobre el gasto público como las fuentes de ingresos fiscales. Si bien estos cambios tienen un sinnúmero de implicaciones, una de las preguntas importantes se refiere a sus consecuencias políticas."[1]
Nosotros –sin embargo- no observamos esta tendencia descentralizadora. Al menos en el caso argentino no ha sido así, dado que tanto las estructuras fiscales como las decisiones sobre el gasto estatal cada vez se hallan más concentradas en el gobierno central. Y ello, aun cuando la Constitución de la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Pese a que, formal y legalmente, la constitución así lo declara, en los hechos la legislación argentina adopta a través de distintas y sucesivas leyes un esquema de centralización fiscal y, para peor, de doble y triple imposición a contramano de la letra de la constitución. Quien decide cuánto, cómo, cuándo y en qué se gasta es, naturalmente, aquel quien recauda los recursos que en definitiva se van a dedicar a tal fin. Y este, en Argentina, no es otro que el gobierno nacional a pesar de lo que en contrario diga la constitución.
Otros autores, aparentemente partidarios de una descentralización como la que comentábamos antes, hablan de la necesidad de crear una "demanda por instituciones locales" que permitan materializar tal descentralización. Por ejemplo:
“es necesario crear una demanda real a nivel local por los factores institucionales”. Para el autor, [Eduardo Wiesner] que coincide enteramente con lo argumentado por Afonso y Lobo, esa demanda surge principalmente cuando el ciudadano local paga una proporción importante del gasto público local a través de impuestos. “Son las externalidades del financiamiento local las que generan la demanda real por información, por derechos de propiedad bien definidos, por transparencia y accountability política y fiscal”."[2]
Nuevamente chocamos con terminología imprecisa que es necesario definir. La tesis expuesta parece querer mostrar que en la medida que el contribuyente local se vea obligado a abonar vía impuestos (suponemos que también locales) una parte importante del gasto público de su localidad, demandará mayores definiciones en las materias enumeradas (información, definición de derechos de propiedad, transparencia, etc.). Es bastante dudoso que realmente sea así. Todo dependerá del nivel cultural de la ciudadanía en cuestión. En los estados-nación de cultura centralizada o donde las costumbres se orienten en hacer recaer la responsabilidad total sobre las autoridades centrales (varios pueblos latinoamericanos como la Argentina son buenos ejemplos) el contribuyente tiene tendencia a reclamar más beneficios por parte del mando nacional antes que las inquietudes que enumera el autor citado hacia el final de su párrafo.
"En términos más generales, las fuentes de financiamiento, la competencia que exista entre distintas jurisdicciones por las transferencias federales, los criterios de eficiencia con los que se vinculen esas asignaciones y la demanda de accountability que provenga del ciudadano local —atento al uso que se le dé a sus recursos con los que contribuyen para el gasto público local— son determinantes para alcanzar los objetivos de eficiencia y gobernabilidad que la descentralización persigue."[3]
El esquema delineado anteriormente es mucho más factible de darse en aquellas regiones o naciones donde exista -en lo formal y se respete en lo real- un verdadero principio de federalización. No es, reiteramos, lo que habitualmente ha ocurrido, al menos, en la Argentina donde el federalismo declamado por la constitución de este país ha sido respetado muy excepcionalmente, y en épocas ya remotas de la historia de Argentina que, como ya lo alertaba el eminente prócer Juan Bautista Alberdi, siempre ha practicado -en los hechos- un centralismo exacerbado, fruto y herencia de la tradición hispánica que había implantado un régimen similar en sus colonias de Latinoamérica. En un sistema centralista como el indicado, el contribuyente traslada, lo que en otro (federalismo) sería su reclamo desde la jurisdicción local, hacia el gobierno central. Veamos seguidamente un pasaje realmente curioso:
"Se puede decir que no ha habido país alguno en la región que no haya emprendido reformas judiciales significativas. La mayoría de éstas se ha centrado en reformas de carácter institucional, reformas a los códigos y nuevos compromisos de gasto público: más jueces, más juzgados, más edificios y mejores remuneraciones."[4]
           Lo que ha existido –y me remito nuevamente al caso argentino que es el que más conozco de cerca- es un verdadero incremento del gasto público en materia judicial. Si por el vocablo "reformas" el autor en examen ha querido referirse a aumento del gasto, lo menos que podemos decir que es un empleo muy inapropiado de la voz "reforma" que, para nosotros, significa otra cosa muy diferente. Sin embargo, en la cita se habla de "reformas" y de inmediato se alude a "nuevos compromisos de gasto público" los que se traducen en "más jueces, más juzgados, más edificios y mejores remuneraciones.". No se trata –en nuestro entender- de reformas de ninguna clase, sino en un simple y llano acrecentamiento del gasto estatal, en lo que no se ha llevado a cabo reforma alguna.


[1] Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 25
[2] Lüders- Rubio. Ob. Cit. Pág. 27
[3] Lüders- Rubio. Ob. Cit. pág. 27
[4] Lüders- Rubio. Ob. Cit. Pág. 31

Instituciones y moral

Por Gabriel Boragina ©

Hace poco participé de un debate que se generó en torno al estreno de una película que auspicia la imagen del dictador militar izquierdista venezolano Hugo Chávez Frías. Todos los participantes en el debate criticaban que un ente estatal -como el instituto del cine argentino (más conocido por sus siglas INCAA)- fuera el autor de la iniciativa y de su financiación, ya que esta -al tratarse de un instituto oficial- se sufragaba a través de los impuestos que constantemente abonamos los "contribuyentes" al gobierno.

La opinión mayoritaria se orientaba a mantener el ente estatal (INCAA) ya que ella decía que el problema constituía en que existía uno o más funcionarios que portaban ideas de izquierda y que la solución pasaba por eliminar a esos elementos, y volver a repoblar la repartición estatal con otro tipo de funcionarios con ideas menos izquierdistas o mas de derecha.

Mi punto -el que fue rechazado por todos, incluyendo aquellos que no compartían la promoción de ideas de izquierda como formando parte de la cultura- era diferente, y transitaba por el hecho de que no importaba tanto cuáles ideas poseían los funcionarios y empleados del ente estatal, sino que -en mi opinión- no constituía objeto de las funciones del estado-nación el patrocinio de eventos culturales, siendo como lo considero, algo propio y exclusivo del sector privado.

En segundo lugar, señalé que hay instituciones que -mas allá de las ideas políticas de quienes las dirigen o la componen- su mismo diseño como tal las hace obligar a esas mismas personas a llevar a cabo actos que se dirigen a determinados resultados -incluso posiblemente no queridos por quienes integran el organismo- y que esas consecuencias podrían ser ideológicas, injustas y hasta deshonestas.

Se me replicó que las instituciones en sí mismas eran neutrales, y por ese mismo motivo no podían ser deshonestas, sino que solamente las personas pueden serlo o no. Por lo tanto, lo que estos debatientes proponían como toda "solución" era despedir a los deshonestos y contratar a personal honorable.
A lo que no estuve de acuerdo.

Si buscamos la definición de institución encontramos la siguiente:
Institución. Establecimiento o fundación de una cosa. | Cosa establecida o fundada. | Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, como república, monarquía, feudalismo, democracia. | Órganos constitucionales del poder soberano de la nación. | Cada una de las materias de las diversas ramas del Derecho: institución de la familia, del matrimonio, de la patria potestad, de las sucesiones, de la propiedad.1
Para el tema del debate, lo que nos interesa son las dos primeras acepciones.
Una piedra es una cosa y -como tal, por su propia naturaleza- carece de finalidad alguna. Por lo tanto, se puede decir que -desde el punto de vista humano- una piedra es una cosa neutral. Pero una institución no es simplemente una cosa, sino el Establecimiento o fundación de una cosa, o bien, una Cosa establecida o fundada.
Es decir, que lo relevante para definir una institución es la finalidad humana observada al establecerla o fundarla. Y esa finalidad humana nunca es neutral, sino que siempre se halla condicionada por todos los factores que intervienen e influyen en el ser humano. Desde este punto de vista, ninguna institución es neutral, moral ni jurídicamente hablando.

Ya antes me he expresado en cuanto a este punto 2 y di varios ejemplos de instituciones inmorales o deshonestas. Hubiera sido inútil dotar al Ministerio de la Raza de Hitler de personal con altos valores morales u honestos. La finalidad de dicha institución no tenía por mira otra cosa que discriminar racialmente a la gente, y la única alternativa que quedaba a alguien quien fuera llamado a participar de aquella institución -por muy alta que fuera su moral u honestidad- no era más que una sola opción: o declinar el ofrecimiento al cargo o aceptarlo renunciando a su moral y honestidad. Pero, independientemente de lo que los llamados a integrar tal departamento estatal nazi asumieran como actitud final ante la oferta a componer la oficina estatal, tanto si aceptaban como si objetaban la propuesta, ello no priva a quienes repudiamos el racismo de tildar como inmoral o deshonesta la condición de un ministerio o secretaría de esa naturaleza. Esta institución, y muchas otras que, sin llegar a este extremo, conforman el sector público de numerosísimos países declarados no nazis, ni fascistas, ni comunistas, son -en mi opinión- manifiestamente inmorales y deshonestas, porque de este calibre es la mentalidad de las personas que diseñaron, establecieron o fundaron organismos estatales cuya mira es la violación de los derechos (no utilizaré el pleonasmo derechos "humanos", ya que los derechos no pueden ser sino solamente humanos).

Sin llegar a esos límites, quienes pensamos y estamos convencidos que dirigir la economía de las personas es un acto inmoral y deshonesto porque viola el derecho de propiedad de esos mismos individuos, no podemos sino concluir que el establecimiento de cualquier institución –como, por ejemplo, los ministerios de economía tan populares de todos los tiempos- que tenga por finalidad u objetivo intervenir en la economía de los seres humanos, será indefectiblemente una institución inmoral y deshonesta.

Como ha señalado el genial economista austriaco Ludwig von Mises, la corrupción es corolario exclusivo del intervencionismo estatal. Y en esta línea, cualquier grado de intervencionismo del gobierno en los actos humanos conllevará el consiguiente grado de corrupción. Si este intervencionismo es excesivo la corrupción será creciente, y viceversa. De tal suerte que, todas las instituciones estatales que fomenten el intervencionismo gubernamental y las dependencias administrativas que se originen en su secuela serán, asimismo, por lógico efecto, inmorales y deshonestas. Y esto no cambia por el hecho de que quienes las compongan -o sus artífices e inspiradores- en sus conductas particulares no tengan antecedentes penales.

Pasa que nuestra sociedad estatista ha elevado a un grado sacrosanto conceptos tales como el de las instituciones. Pero ha olvidado por completo que las instituciones no nacen de la nada, ni se crean por generación espontánea. Toda institución es siempre fruto y derivación de una mente humana, o de muchas de ellas en conjunto. Y si esas mentes son inmorales y deshonestas sus construcciones serán del mismo signo sin remedio alguno.
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1 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas Politices y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 504.
2 *Ver aquí mi artículo ¿Qué es la seguridad jurídica?

Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina©

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que "los impuestos nos están matando".
Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:
"desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES)."[1]
Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese "acelerado crecimiento económico" se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.
También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta "concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial". En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:
"infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible."[2]
 A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.
Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.
Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.
Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado "Atribuciones del Congreso"). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:
Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.
Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.


[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.
[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina ©

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de "exitoso" o de "efectivo"?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:
"En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público."1
Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del "consenso" resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr "consensos" entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de "efectivos". Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido "efectivo". Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como "En segundo lugar", es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de "estados" un gobierno será "exitoso" únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.
"El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos."2
Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática "multidimensional", y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta "multidimensión". La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de "perdedores", los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.
"En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores "los maestros y las escuelas exitosas" los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas."3
Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada "pública"). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia "los maestros y las escuelas exitosas", los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán "educar" los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ....ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ....ob. cit, pág. 23


Gasto público, Estado y Poder

por Gabriel Boragina ©

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :
“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.
Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”1
El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.
La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).
“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[...] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”2
Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.
Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:
“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”3
Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.
“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.4
Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de poderes. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.
De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:
“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”5
Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimas convicciones, a adoptarlas.
No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Tal vez fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática. 
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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23
2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.
3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33
4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35
5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...