Gasto, inflación y Keynes



Por Gabriel Boragina ©

Cada uno de nosotros, cuando se ve enfrentado a la necesidad de incurrir en gastos, debemos observar -como primera medida- cuál es la cuantía de los recursos que disponemos. Es decir, es en función de nuestros ingresos previos que estaremos en condiciones de determinar qué cantidad de dinero podemos destinar al gasto. Sin embargo, los gobiernos no operan en este sentido, sino en el inverso: fijan primero su meta de gastos, y -en función de esta- deciden cuántos recursos deben recaudar de los mal llamados "contribuyentes" para poder cubrir los gastos decretados. La razón por la cual los gobiernos pueden actuar de este modo (y ninguno de nosotros puede hacer lo mismo) radica en que, mientras los particulares hemos de obtener nuestras entradas ofreciendo antes algo a cambio a otra persona que valorice lo que ofertamos, y sólo después, si la contraparte acepta el trato, podremos lograr el tan ansiado ingreso, los gobiernos se ven eximidos de seguir este proceso, por la sencilla razón de que todos ellos (al establecer el imperium de la ley) están facultados -mediante su concurso- a extraer las sumas que necesiten por medio de la fuerza a los inermes e indefensos ciudadanos.
"Pareciera que la economía política de los gobiernos es tal que el gasto público siempre aumenta cuando aumenta la recaudación impositiva y cuando se puede emitir más. Nunca se reduce el déficit fiscal aumentando la recaudación, pues esto supone que los gastos son constantes y la experiencia indica que esto no es así. Por ejemplo en estudios que el autor de este libro hizo para un país cuya recaudación fiscal dependía en 80% del precio del petróleo, se tomaron todos los años en que el precio del petróleo aumentaba y, por otro lado, todos los años en que esos precios bajaban. Observamos que la correlación entre gasto y recaudación impositiva era muy alta en los años de alza en la recaudación. También observamos que la correlación era muy baja (los gastos no bajaban) en los años de baja en la recaudación. Esa asimetría, no se evita con la existencia de la Caja pero se reduce substancialmente pues de otra manera esta conducta fiscal lleva a la larga a la devaluación (como sucedió en el país de referencia). La caja pone más disciplina pues en los años en que la recaudación baja no se puede emitir y no queda más remedio que aumentar el endeudamiento o bajar los gastos."[1]
El autor citado, partidario de la caja de conversión (a ella alude cuando se refiere simplemente a "la caja") explica con meridiana claridad cómo operan los gobiernos en materia de gasto público, el que no lo hacen depender -ni exclusiva ni enteramente- de la recaudación fiscal (como en sana política económica debería de ser) sino que lo manejan como una variable autónoma, y cuya "lógica" parecería ser la "necesidad" de ir siempre en aumento, sin importar el medio por el cual se financie ese gasto público. En otras palabras, nos explica que, cuanto mayor era la recaudación también así lo era el gasto, pero el alto nivel de este no se veía en absoluto afectado en los casos donde la recaudación disminuía. En este último supuesto, los gobiernos lo que hacen no es bajar el gasto (como deberían hacerlo) sino buscar otros medios para financiarlo. Y ya hemos visto que los mecanismos a los que echa mano para esto último son la emisión monetaria, más impuestos, o directamente inflación. Pero, sabemos de sobra que estas tres últimas medidas (en realidad podrían resumirse en dos, ya que la inflación no es más un impuesto solapado) no solucionan sino que agravan los efectos del alto gasto público, produciendo fuertes distorsiones en la economía toda.
"Los análisis empíricos se concentraron en poner a prueba la estabilidad de la demanda de dinero aun en situaciones de gran inestabilidad como las grandes inflaciones pues, recordemos que el gran desafío de Keynes era su hipótesis de que la demanda por dinero era inestable. Él proponía como una función más estable la función consumo, diciendo que existía una relación estable entre el consumo nominal y el ingreso nominal. También decía que la propensión marginal a consumir era, en circunstancias como las de Estados Unidos en los años treinta, muy pequeña y por lo tanto el estado tenía que gastar para aumentar la propensión al gasto de la economía en total. Luego de muchas controversias se ha llegado a una mezcla donde las teorías modernas toman en cuenta el dinero y su demanda, pero no ignoran la política fiscal ni la importancia del gasto público. Cuando hay inflación los países se acuerdan de Friedman y cuando hay recesión se acuerdan de Keynes y, cuando la situación es más o menos normal, los economistas juegan en el medio campo."[2]
Como ya hubiéramos examinado en otra ocasión, Keynes suponía que las recesiones (como la de los años 30 que fue -en gran parte- la que inspiró su teoría) se "solucionaban" recién cuando el gobierno irrumpiera en la economía incrementando el gasto público, para lo cual cualquier medio que este utilizara era "válido". Su negación de la "Ley de Salidas" de Jean B. Say, y la de los valiosos aportes de los demás economistas clásicos le impido ver su craso error. El aumento del gasto público importa tanto como un alza de la demanda y -a su turno- una consiguiente elevación de los precios, entre otros efectos. Para lograr eso, se combinaban perjudiciales medidas, como altos impuestos, emisión monetaria, endeudamiento, etc. generando una espiral inflacionaria que eclosionaría el sistema económico (como finalmente sucedió) al no encontrarse las manipulaciones artificiales del gobierno respaldadas por un genuino ahorro previo que permitiera un proceso de capitalización con bases en una economía real. Obviamente, que la demanda de dinero cae en picada en épocas inflacionarias, pero son pocos los que advierten la relación entre este último fenómeno y la demanda de moneda. No hay pues fórmulas "mágicas" para escapar a este dilema, excepto la austeridad fiscal y presupuestaria.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 169
[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política...ob. cit. pág. 185/186

Gasto, préstamos y crisis



Por Gabriel Boragina ©

Las tan famosas crisis económicas tienen -en un porcentaje muy alto- una causa común: un elevado gasto estatal. Ya hemos visto que los gobiernos poseen -casi de manera uniforme- una prolongada vocación a incrementar sus gastos, y también hemos estudiado los efectos perniciosos que, en el mediano o largo plazo, se originan por tal práctica. Pero, desde la aparición de los organismos de crédito internacionales, la propensión a subir el gasto estatal se ha visto potenciada, lo que ha dado lugar a diversos tipos de críticas a muchos de esos organismos. En particular a dos de ellos:
"Críticas al FMI y al BM .El rol de ambas instituciones se ha cuestionado seriamente. Algunos sostienen que deberían fusionarse mientras que otros se preguntan si deberían continuar existiendo. Los argumentos más importantes son que aumentan indirectamente el gasto público, que incrementan las tasas impositivas, que su sostenimiento es costoso, que el crédito es fungible y que por su mera existencia crean un problema de moral hazard muy importante. Por ejemplo, en el caso de México (1994-95), estas organizaciones habrían creado las condiciones de seguro implícito a la banca e inversores internacionales que incrementaron el moral hazard y ayudaron a detonar las crisis en el sudeste de Asia en 1997, y luego en Rusia en 1998"[1]
Estas manifestaciones han demostrado ser certeras en un porcentaje muy cercano al cien por ciento de los casos. Obviamente, la sola existencia de un ente (o de varios de ellos) que opera como "banco de bancos", resulta un incentivo muy importante como para que se recurra al mismo a fin de lograr financiación. En el caso de los gobiernos, esos recursos demandados a tales organismos apuntan normalmente a incrementar el gasto público, y se apela a ellos cuando los gobiernos han agotado ya los mecanismos de costeo interno para sostener sus erogaciones. Como hemos señalado, la fuente ordinaria destinada a enjugar las salidas dinerarias del gobierno son los impuestos. Pero, la recaudación fiscal no es infinita, sino que está tasada. Su límite es el de la productividad total de la economía. No obstante, los recursos recaudados suelen encontrar su techo mucho antes de llegar a ese tope. Esto ha sido explicado por el economista americano Arthur Laffer mediante su famosa curva: cuando se supera el punto óptimo fiscal la recaudación tiende irremediablemente a decaer.
"Los créditos de las instituciones multilaterales ablandan la restricción presupuestaria de los gobiernos Es decir aumentan indirectamente el gasto público. En buen español se diría que estos préstamos al verse como “baratos” y de fácil acceso, llevan a los países a gastar más (y no necesariamente mejor). Esto se debe a que la posibilidad de obtenerlos aumenta las presiones políticas de los distintos ministerios y secretarías y subsecretarías para gastar más."[2]
Lógicamente, si el gobierno conoce de antemano que dispondrá de financiamiento internacional para emprender sus "proyectos", se va diluyendo cualquier aliciente a mantener alguna disciplina fiscal y, por consiguiente, cualquiera limitación presupuestaria va cediendo al mismo compás. En los estados paternalistas, pueblos y gobiernos suelen compartir la visión mal llamada del "estado benefactor" por la cual los gobiernos deberían atender absolutamente todas las demandas de la población que hagan a servicios "sociales" en su más amplio espectro, abarcando educación, sanidad, seguridad social, previsión, etc. Si se entienden estas actividades como funciones "propias del estado", fácil deviene comprender que los recursos necesarios para sostenerlas demandarán aumentos desmedidos del gasto publico. Entonces se acuden a los créditos internacionales:
"La conclusión del profesor Arnold Harberger, después de realizar un estudio sobre el BM, a principios de los ochenta, dejó muy deprimidos a los ejecutivos del Banco. Según Harberger la influencia más importante del BM ha sido la gran competencia que los funcionarios del Banco tenían y adquirían en la evaluación de proyectos de inversión. Los funcionarios del BM al regresar a sus países hacían una gran contribución al evaluar las propuestas de gasto público en sus gobiernos."[3]
Hemos de suponer cierto tono irónico en la redacción del párrafo que acabamos de transcribir. Lo primero que corresponde aclarar en materia técnicamente económica es que, aun cuando a menudo se los utiliza como sinónimos, los términos gasto e inversión no son equivalentes, de donde "gasto público" no se equipara a "inversión pública". En sana doctrina económica, la "inversión pública" no existe, por cuanto los fondos supuestamente "invertidos" no son propios del gobierno, sino que pertenecen a terceros, concretamente a los mal llamados "contribuyentes" (dado que el que esta forzado a pagar impuestos no "contribuye" a nada, excepto que se conceptúe como posible alguna presunta "contribución" forzada. De nuestro lado, consideramos el vocablo "contribución" como un acto voluntario y no obligado).
Ciertas manipulaciones cambiarias, a los que los políticos y "técnicos" improvisados son tan afectos, combinadas con alto gasto público coadyuvan a potenciar las crisis económicas:
"Así, por ejemplo Argentina en diciembre de 1979, dio a conocer una tabla con la cotización futura del dólar para los próximos meses, día por día. En ese momento, Argentina tenía un ritmo de inflación del orden de 140% anual y la tablita tenía implícito un porcentaje de devaluación anual en el orden de 70%. Naturalmente, desde el arranque, la tasa de inflación, aunque declinante, fue superior a la de devaluación, con lo que se generó una situación de gran distorsión conocida como "atraso cambiario". Este atraso, y el excesivo gasto público financiado con deuda, terminó con la tablita y todo el programa a comienzos de 1981."[4]
La crisis era fácilmente evitable si se hubieran querido adoptar las únicas medidas razonables que correspondía tomar en la coyuntura señalada. Estas eran muy simples : 1)dejar flotar el tipo de cambio de manera completamente libre sin ataduras políticas de ninguna índole y, 2) reducir o –al menos- no incrementar el gasto público, lo que habría hecho innecesario sufragarlo con empréstitos. No obstante, ninguna de estas sanas recetas fue apadrinada.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 129
[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política...ob. cit. pág. 129
[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política...ob. cit. pág. 131
[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política...ob. cit. pág. 167/8

Inflación y gasto



Por Gabriel Boragina ©

Existe la creencia, y en algunos casos la convicción, no sólo entre personas comunes sino también entre nombrados economistas que, en tanto la inflación constituye un problema económico, el gasto publico (en rigor, del gobierno) no lo es, o -al menos- no lo es tanto como la primera. No parece advertirse, en muchos casos, que existe una correlación entre esta y aquel. Políticos, periodistas -e incluso- economistas claman por reducir la inflación pero, casi al mismo tiempo, suelen afirmar que el gasto estatal es "inflexible a la baja". Esta muletilla, que tiene mucho de dogma y poco de juicio racional, se ha popularizado a través de los tiempos, hasta convertirse en una especie de máxima económica.
"Quizás exista aún alguna esperanza de que los socialistas democráticos se den cuenta de aquello que sus antecesores, los Conservadores, no observaron, principalmente que la causa fundamental de la inflación es el excesivo gasto del gobierno y que todas las normas sobre precios y salarios en el mundo no acarrearán el bienestar económico hasta que el Gobierno ponga su propia casa en orden."[1]
La concatenación es clara y debería ser sencilla de observar por parte de los que hablan a diario del tema. Cuando el gasto del gobierno supera un cierto límite (y siempre -o muy a menudo- lo excede) los métodos previstos para sufragarlo ya no son suficientes, y se hace necesario echar mano a otros recursos. Conforme hemos visto antes, la manera legal de costear el gasto gubernamental es a través de los impuestos. Y decimos "legal" en virtud de que así debe estar determinado previamente en la ley de presupuesto de la nación. Cuando los fondos fiscales son inferiores a los gastos, y la curva de Laffer hace sentir sus típicos efectos, los gobiernos recurren a la inflación.
"Tal vez la prioridad número uno sea una disminución, aunque gradual, del gasto público; el gasto del gobierno y su administración deben equipararse con los impuestos si se desea reestablecer el equilibrio monetario en la economía inflacionaria. En un grado mucho menor, los controles de salarios podrían cumplir una función breve y de importancia "cosmética" en la reducción de las expectativas relativas a los incrementos de precios, reduciendo la propensión marginal de los individuos a consumir, y preparando al país para reducciones en la prestación de servicios por parte del Gobierno."[2]
En realidad, la solución final es reducir el gasto estatal al mínimo indispensable. Para lo cual, como es sabido y tantas veces hemos dicho, se hace necesario redefinir las funciones que debe cumplir un gobierno (a veces se expresa con la alocución "funciones del estado". Es mas preciso hablar de "gobierno" porque el que gasta es este y no el estado-nación en su conjunto). Es importante para ello entender que, allí donde las funciones estatales se expanden implica en forma automática una congrua contracción de las actividades de los particulares (individuos y empresas). Como con meridiana sabiduría ha enseñado el profesor Ludwig von Mises, por cada peso que gasta el "estado" habrá un peso menos para que gasten los privados. Si con el objetivo de costear el gasto estatal el gobierno echa mano a la inflación (conforme lo hace con frecuencia), normalmente los problemas que se pretenden solucionar se agravan, como sucede con las políticas monetarias activas:  
"La mayoría de las crisis financieras tienen su origen en causas macroeconómicas y el problema se propaga con base en el sistema de reservas fraccionarias y los seguros de depósito que no cumplen con los criterios de Sjaastad. Entre las causas detonantes de origen macroeconómico están las que surgen de políticas económicas que son inconsistentes en el tiempo. Por ejemplo, ha sido muy común que países con alta inflación hayan usado el tipo de cambio como ancla para estabilizar la economía. La mayoría de esos países fracasaron en estabilizar la economía por no usar una política fiscal congruente con la del tipo de cambio. No lograron la estabilización y terminaron en una crisis bancaria."[3]
Mas que inconsistentes en el tiempo, cabria hablar de políticas económicas que son incompatibles entre sí. Entre ellas ocupan un lugar destacado los controles de todo tipo, inclusive los mas populares que son los controles de precios. Cabe considerar que fijar el tipo de cambio no es más que un control de precio como cualquier otro, la diferencia distintiva es que lo que se regula es la paridad a que debe estar una moneda respecto de otra, o de un conjunto de diferentes signos monetarios entre sí. En el caso que analiza el autor en comentario, la eclosión vino como consecuencia de no querer reducir la inflación (en verdad, no poder, saber o querer reconocer los orígenes de la misma), y -por las mismas razones- no bajar impuestos,  ni tampoco querer resignar la política expansiva del gasto estatal. Y así:
"Por ejemplo, Argentina y Chile durante los primeros años de la década del 1980. Argentina uso una tabla de devaluación prefijada y preanunciada desde diciembre de 1978 hasta febrero de 1981. Su política crediticia también tenía una tabla que era consistente con la tabla del tipo de cambio. Sin embargo, una política fiscal de aumento del gasto público generó un endeudamiento público creciente. También el sector privado se endeudó debido a que había gran liquidez internacional con tasas de interés muy bajas. Cuando fue obvio que la única manera en que el gobierno argentino podía pagar su deuda externa era no pagando la interna, el tipo de cambio fijado explotó. Esto causó un problema muy grande tanto en el portafolio de los bancos como a quienes tenían sus deudas bancarias en dólares, generando una crisis bancaria donde el fraude también encontró un clima propicio."[4]
El anclaje del tipo de cambio y el sistema de devaluaciones programadas no solucionan -de ninguna manera- una política ampliatoria de gasto estatal que se pretende financiar con los mecanismos habituales: presión  fiscal, endeudamiento y –finalmente- inflación, a los que se apela cuando van fracasando los planes de ingeniería social y económica que se elaboran desde las esferas del poder.

[1] Robert L. Schuettinger - Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida - Buenos Aires. Pág. 169
[2] Robert L. Schuettinger - Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control...Ob. cit. Pág. 188
[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 98
[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política...ob. cit. pág. 98

El derecho de propiedad y su violación

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