Control de precios, inflación y traslación fiscal



Por Gabriel Boragina ©

En estos días en que vuelve a hablarse de "acuerdos de precios" entre los empresarios y el gobierno, conviene recordar los efectos nocivos que los controles de precios han tenido históricamente en la economía. Dicha experiencia ha demostrado -una y otra vez- su fracaso en cualquier época y lugar donde se los hubiera implantado:
 "Es resabido que los controles de precios restringen la oferta, causan escasez y carestía artificiales, y comercio clandestino (“mercados negros”), pero aún se dictan a veces. O leyes “Proconsumidor”, de similares efectos y defectos. Porque ¿quiénes deciden si son “justas” las condiciones en que se exhibe, se oferta, se vende y se compra algo en un comercio? ¿si los precios están “a la vista”, o si la atención y el servicio posventa son “apropiados” o no? Los todopoderosos inspectores, fiscales y funcionarios. ¿La competencia abierta no brinda la mejor protección al consumidor: la opción de elegir? Si no le gusta a Ud. una tienda, los artículos, o la atención, pues se va a la de enfrente. Y si la tintorería le causó a Ud. un daño o perjuicio cierto y comprobable, antes estaban los jueces y tribunales ordinarios, que aplicaban el Derecho de los viejos Códigos. Estas leyes y las anteriores son abortivas de inversiones y empresas, y anticonceptivas de puestos de trabajo. Como tantas, perjudican a los mismos que declaran defender, consumidores y usuarios en este caso, pues les restringen el abanico de ofertas y las oportunidades. Y al disminuir las fuentes de empleo, también dañan a los trabajadores y demás proveedores."[1]
Parte de la ignorancia que existe sobre las consecuencias de los controles de precios reside en confundir los aumentos de precios con inflación, porque se enredan efectos con causas, tomándose los acrecentamientos de precios como un sinónimo de inflación. La economía sana define la inflación como la emisión exógena de dinero, uno de cuyos resultados (no el único) es la distorsión de los precios relativos. Cosa diferente al concepto común que se tiene de inflación. Esta distorsión de los precios relativos no es necesariamente similar a decir que se trata de un crecimiento generalizado de los precios, porque aquella involucra una deformación de los precios, producto no de los precios en sí mismos considerados, sino de otra secuela letal de la inflación que es la caída del poder adquisitivo del dinero, que tiene como indefectible corolario que los precios -en términos de bienes que no son dinero- sean efectivamente superiores al precio del dinero en relación a aquellos.
La vía, entonces, para combatir el alza de los precios no es el control de los mismos, sino la eliminación de la inflación, ya que a través de este último camino es como se verán descender los precios de los bienes, derivación –a su turno- de la suba del precio del dinero.
Otro error común que lleva a muchos a defender los controles de precios, es la falacia de que como los impuestos son "trasladados" por los contribuyentes de derecho a los contribuyentes de hecho, entonces los precios "deben" controlarse para que el impacto sobre el consumidor final no sea tan grave. Sin embargo, la "teoría" de la traslación fiscal es en sí misma falsa:
"La traslación de impuestos, que implica la distinción entre contribuyentes de derecho y contribuyentes de hecho mediante un proceso de traspaso de la carga tributaria, en especial de empresarios a consumidores, está fundada en una defectuosa teoría del valor y revela una interpretación errónea acerca de la naturaleza del proceso de mercado. El empresario procura en todo momento maximizar el rendimiento de sus operaciones. Los costos de producción no determinan el valor de los bienes; éstos están determinados por la utilidad marginal. El precio de mercado de específico bien expresa la interacción de las escalas de valores de compradores y vendedores. Al consumidor le resulta del todo irrelevante la estructura de costos del empresario: asignará el valor de acuerdo con sus gustos, deseos y subjetivas preferencias. El empresario, a su turno, no espera que se eleven sus costos para cobrar los precios más altos permitidos por la elasticidad de la demanda. Si los costos (por ejemplo, los impuestos que debe satisfacer como contribuyente de derecho) se elevan, el empresario obtendrá una utilidad menor o, ceteris paribus, si eleva los precios se contraerán sus ventas."[2]
Hay entonces una relación directa entre el incremento de los gravámenes (o de su alícuota) y el de los precios, pero por circunstancias completamente diferentes al de la mentada traslación. De los dos supuestos mencionados en la cita precedente, a nuestros fines, nos interesa el segundo, ya que es en base a esta situación que se piensa que los precios aumentan y en resulta se aboga por su control. En rigor, vemos que el control debería aplicarse no sobre los precios sino sobre los tributos, ya que son estos los que provocan el acrecentamiento de los precios por ruta de una menor oferta de los bienes y servicios que son afectados por tales gabelas. Ante el primer fruto del trepe de impuestos -y en vista a la reducción de sus utilidades- el empresario o productor intentará, lógicamente, bajar sus costos antes que comprimir su producción con el fin de mantener inalterada -en la medida de lo posible- sus ganancias. Pero si su estructura de costos es inflexible a la rebaja (y el gravamen es uno de sus costos definitivamente rígidos) en esta hipótesis no le quedará ninguna otra opción que constreñir la oferta, que se estrechará en la misma medida que el monto de la imposición.
Los controles o "acuerdos" de precios en modo alguno evitan este escenario, sino todo lo contrario: lo agravan sobremanera, ya que incentivan la mengua de la oferta y la expansión de la demanda, lo que vuelve a levantar los precios por sobre el nivel que estos tendrían de operar en un mercado inadulterado.


[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 210-211
[2] Alberto Benegas Lynch (h) - Roberto Dania. "SISTEMAS TRIBUTARIOS". Un análisis en torno al caso argentino. Trabajo contratado por CIEDLA de la Fundación Adenauer y publicado con autorización de esas instituciones. Págs. 104-105.

Los pasos de la reconstrucción



Por Gabriel Boragina ©

El flamante presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri, tiene una tarea titánica por delante, como ya hemos esbozado antes ([1]).
Es tanto lo que hay que hacer (y rehacer), que parece difícil decidir por dónde empezar el trabajo. En lo que sigue, intentaremos bosquejar lo que -a nuestro juicio- deberían ser los primeros pasos a dar, que no implica, desde luego, que deban dejarse de lado otros, también igualmente necesarios como creemos que son los que describiremos a continuación.
Después de la debacle dejada por el FpV ([2]) opinamos que el primer objetivo a encarar por el presidente Macri ha de ser la depuración del muy viciado aparato estatal que recibe del ex-gobierno del FpV. En realidad, para ser más precisos, habría que hablar de *desinfección* porque, literalmente, el estado-nación se encuentra en una situación análoga a la de un organismo casi completamente infectado por un ejército de letales *bacterias K*. Pero, a los fines de conservar un cierto estilo, nos referiremos en lo que sigue a un proceso depurativo.
Este proceso depurativo debería comenzar con un intenso plan de desburocratización del total de los organismos del *estado*. Ya que el sector que se halla más contaminado por el virus sembrado por el FpV se localiza justamente en la burocracia estatal.
Entendemos en tal sentido- que se deberían dar los siguientes pasos:
1.   Una Revisión exhaustiva y profunda de los legajos de cada empleado público para :
a.         Determinar su continuidad, en caso de verificarse que se trata de personal de carrera en la rama de que se trate.
b.        Y en contrapartida : eliminación del personal efectivizado durante los tres gobiernos del FpV. Excepción (en este último caso) de aquellos que :
                                                                       i.                    Cuentan con una comprobada y confirmada idoneidad y capacidad de trabajo, la que deberá surgir de exhaustivos y periódicos exámenes para constatar esos extremos.
                                                                      ii.                    Carecen por completo de afiliación política y de antecedentes (propios o familiares) que los vinculen con el régimen depuesto por las urnas.
Estas primeras medidas nos parecen prioritarias, por cuanto -como ya expusimos en tantas otras ocasiones- estamos convencidos que la burocracia estatal es el peor obstáculo del nuevo gobierno. Máxime en que esta gestión que se inicia, ha puesto como eje central de su campaña su vocación de cambio.
No cabe ninguna duda que, por su misma definición, la burocracia (en todos sus niveles) es lo contrario a cualquier cambio o, incluso, al mero intento de cambio.
La burocracia (en rigor toda burocracia, no sólo la nuestra) es una verdadera clase social en el más estricto significado de la palabra, es decir una auténtica casta enquistada en el seno de todo gobierno, como un estamento sólidamente estratificado.
¿Qué efectos pensamos que se conseguirían con esto? Estas iniciales disposiciones permitirían:
a.         Contar con un gobierno más liviano y al mismo tiempo más eficiente.
b.        Quedará el personal de carrera administrativa. O sea, con más experiencia.
c.         Se libera fuerza de trabajo para la actividad privada.
d.        Se lograría una aceleración y simplificación de trámites administrativos.
En realidad, los efectos b, c, y d, están concatenados y se derivan directamente de a).
2.   Un segundo paso a dar -a nuestro entender- seria (luego del anterior) mantener las dependencias estatales estrictamente necesarias, suprimiendo las superfluas y tendiendo a que -en su conjunto- sean las mínimas posibles. Para el cumplimiento de este objetivo juzgamos forzoso :
a.         Eliminar secretarias y subsecretarías sobrantes y dispendiosas.
b.        Evitar crear nuevas reparticiones del tipo de las que se suprimen o de cualquier otra clase.
c.         Desmonopolizar funciones estatales, para lo cual será imprescindible delegar (o mejor dicho descentralizar) en la actividad privada -de manera NO monopólica- la mayor cantidad de funciones burocráticas que hasta la actualidad ha venido desempeñando el gobierno nacional.

El último punto anterior se conseguirá mediante estos mecanismos:
d.        Privatizaciones no monopólicas.
e.        A través de concursos y licitaciones públicas realmente transparentes.
e.        La instrumentación de concesiones, pero sujetas a metas cuantificables y verificables, renovables en la proporción del concreto cumplimento de los objetivos. Con lo que se obtendrá -a la vez- una reactivación del sector privado del mercado laboral, que es el único y verdadero mercado de trabajo.

Hemos trazado, apenas en pocas líneas, lo que nos parece el primer bastión que el nuevo gobierno debería atacar. En otras palabras, lo que llamáramos antes un plan de depuración del organismo estatal, para liberarlo de las graves infecciones ocasionadas por el régimen dictatorial del FpV.
Por supuesto, estos habrían de ser los primeros pasos de un completo programa, comprensivo de una política económica racional, que incluyera total apertura de los mercados nacionales e internacionales, disciplina fiscal, bajo gasto público, mínimos impuestos y emisión monetaria, libertad cambiaria, respeto a la propiedad privada, a los contratos en general sin más limitaciones que las que las leyes impongan, etc.
En lo institucional, son ineludibles reformas de mas volumen y entidad, tales como formular las denuncias a que de lugar el art. 36 de la Constitución de la Nación Argentina respecto del régimen depuesto por las urnas; lograr una segura independencia del poder judicial; imponer la estricta obligación de los jueces a cumplir con la ley; etc.. En otras palabras, la instauración de un auténtico Estado de Derecho. Las que naturalmente llevarán algo más de tiempo.
Somos conscientes -como decíamos al comienzo- que las reformas a emprender por el nuevo gobierno son muchas, vastas y de gran calado. Y como el mismo presidente lo anticipó repetidamente, no habrá soluciones mágicas ni rápidas, ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero estamos convencidos que empezar con la reforma del sector estatal (mal llamado "público") aunque no en forma excluyente, es -a no dudarlo- de una prelación de primer nivel.

[2] FpV. Siglas del Frente para la Victoria. Secta política del peronismo, conformada por el nefasto matrimonio Kirchner.

La "necesidad" del "gasto social"



Por Gabriel Boragina ©

Hoy en día, resulta prácticamente indiscutible la necesidad de las llamadas políticas públicas que alientan el denominado "gasto social". Es más, hasta se considera políticamente incorrecto cuestionar, o siquiera insinuar hacerlo, la implementación de medidas asistenciales como parte del programa de cualquier partido político. Aunque la cuestión parezca moderna o reciente, lamentablemente no lo es, habida cuenta que tal supuesta necesidad se ha planteado, y se lo viene haciendo, desde que el mariscal Otto von Bismarck instituyera lo que hoy se conoce como el "estado benefactor" o de "bienestar", allá ya en el lejano siglo XIX. Ni siquiera los rotulados países "desarrollados" han escapado a la tendencia de sus gobiernos a instrumentar políticas asistenciales. En los EEUU (que normalmente se tienen –erróneamente- como el paradigma del liberalismo y de una economía capitalista) esta tendencia fue muy fuerte desde las décadas de los 50´y 60´hasta nuestros días. Los planes "sociales" organizados por el gobierno americano fueron cada vez más intensos, más amplios, y demandaron, con el tiempo, menos requisitos para ser admitidos en ellos:
"El resultado ha sido una continua simplificación de los requerimientos de elegibilidad, una reducción de los trámites burocráticos y la desaparición de los requisitos (de residencia, trabajo, e incluso ingresos) para obtener un subsidio por desempleo. A cualquiera que se anime siquiera a sugerir que a los beneficiarios del asistencialismo debería requerírseles que acepten un empleo y abandonen el sistema se lo considera un reaccionario, un leproso moral. Y como ya casi ha desaparecido el antiguo estigma, la gente tiende cada vez más a pasar rápidamente al régimen asistencial en lugar de salir de él."[1]
Rothbard alude a los desincentivos, de los cuales "El más importante de ellos ha sido siempre el estigma que significaba para toda persona el subsidio a la desocupación, que la hacía sentir que vivía parasitariamente a expensas de la producción en lugar de contribuir a ella"[2]. Al desparecer este estigma, y al mismo tiempo, al incrementarse la oferta de planes "sociales" por parte del gobierno central, se iban creando otros alicientes que son los señalados en la cita. En otras palabras, el gobierno -y toda una cultura creada por los defensores de los sistemas socialistas- impulsaron la tendencia de la gente a demandar del sistema político subvenciones al desempleo (primero) y a la pobreza (después), al unísono que promovían estímulos para permanecer en dichas situaciones de inactividad laboral y carencia, dado que -de todas maneras- tanto el desempleado como el indigente estaban conscientes que, en cualquier momento, podían acudir a las autoridades para requerir ayuda económica, o -en el peor de los casos- esas mismas autoridades iban a ofrecérselas, porque además de ser lo políticamente correcto, consistía en un mecanismo idóneo para adquirir popularidad política, y en última instancia, los votos necesarios para acceder al poder.
 "Irving Kristol escribió cáusticamente acerca de la "explosión del asistencialismo" de la década de 1960: Esta "explosión" fue creada, en parte de manera intencional, y en una mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que llevaban a cabo políticas públicas en relación con una "Guerra contra la Pobreza". Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la "explosión del asistencialismo". No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado. "[3]
La situación que se describe en la cita guarda un notable paralelismo con el mundo de nuestros días y -con particularidad- en nuestra región, donde esos mismos planes "sociales" (y otros de la más variada naturaleza, pero que -en esencia- se sustentan todos ellos en común en la teoría sacrosanta del redistribucionismo) han sido abundantes en las últimas décadas, y aun hoy en día se consideran prácticamente incuestionable su vigencia y permanencia. Dos factores son los que sobresalen, y que se desprenden del texto entrecomilladlo: 1) en principio, se alude a que de manera consciente los funcionarios públicos promovieron las políticas asistenciales, quizás creyendo de buena fe que las mismas beneficiarían a sus destinatarios. En otras palabras, parece indicarse en esos promotores una suerte de buenas intenciones al amparo de una cierta ignorancia económica respecto de los resultados que tales programas derivarían, el más importante de ellos la "explosión" mencionada. Hoy en día, si bien esa ignorancia persiste, no hay que dejar de lado el hecho cierto de que muchos funcionarios -por experiencia- ya conocen las secuelas funestas de las políticas "sociales", pero aun así las promueven y mantienen de mala fe a sabiendas de sus nocivos efectos para las masas desposeídas.
"He aquí [...] las razones que hay detrás de la "explosión del asistencialismo" en la década del 60:
1. El número de pobres que son elegibles para la asistencia social aumenta a medida que se amplía el alcance de las definiciones oficiales de "pobreza" y "necesidad". Esto fue lo que hizo la Guerra contra la Pobreza; la consecuencia fue, automáticamente, un aumento en el número de "personas elegibles". "
2. El número de personas pobres elegibles que actualmente solicitan asistencia social crecerá a medida que aumenten los beneficios de la asistencia como lo hicieron a lo largo de la década de 1960—. Cuando los pagos de beneficencia (y los beneficios asociados, como Medicaid y los vales para alimentos) compiten con los salarios bajos, muchas personas pobres preferirán, racionalmente, recibir la beneficencia. Hoy en día, en la ciudad de Nueva York, como en muchas otras grandes ciudades, los beneficios del asistencialismo no sólo compiten con los salarios bajos, sino que los superan.
3. El rechazo de aquellos realmente elegibles para recibir asistencia social -un rechazo basado en el orgullo, la ignorancia o el temor- disminuirá si se instituye cualquier campaña organizada para "reclutarlos". En la década del 60 fue lanzada exitosamente una campaña semejante por a) varias organizaciones comunitarias auspiciadas y financiadas por la Oficina de Oportunidad Económica (Office of Economic Opportunity), b) el Movimiento de Derechos al Bienestar Público (Welfare Rights Movement) y c) la profesión del trabajo social, en la que ahora había numerosos graduados universitarios que consideraban un deber moral ayudar a la gente a recibir asistencia social, en lugar de ayudarla a abandonar el régimen de beneficencia. Además, las cortes de justicia cooperaron allanando varios obstáculos legales (por ejemplo, los requerimientos relativos a la residencia) [...]. "[4]

[1] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pág. 171-173
[2] Murray N. Rothbard, ob. cit, idem. .
[3] Murray N. Rothbard, ob. Cit. idem.
[4] Murray N. Rothbard, bn. Cit. idem

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina © “F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema...