Economía, moral y bien común



Por Gabriel Boragina ©

Normalmente se enfrenta el concepto de bien común al de bien particular tendiéndose a identificar a este último con sistemas como el capitalista, en tanto que al primero con el colectivista. No obstante, es cierto que, tanto los partidarios del capitalismo como los del colectivismo, emplean la expresión bien común como se destaca seguidamente:
"Conceptos indefinidos e indefinibles como el interés público o el bien común, que esgrimen tanto los enemigos como los defensores del capitalismo, serían resabios de una visión tribal del ser humano que sólo sirven para escapar de la moral, mas no de guía moral".[1]
Por nuestra parte, hemos sostenido –y lo seguimos haciendo- que la expresión bien común (sin calificaciones) remite al bien de todos los individuos, sea tomados como conjunto como individualmente, lo que implica que la violación de los derechos de una sola persona importa tanto una transgresión particular hacia ella en concreto como –simultáneamente- al bien común, por cuanto si hay por lo menos una persona que resulta lesionada en sus derechos se quiebra el bien común para transformarse en el bien de una mayoría contra el de una minoría.
"La justificación "moral" del capitalismo no está en la afirmación altruista de que representa la mejor forma de lograr "el bien común". Es verdad que el capitalismo permite alcanzar el bien común —si es que esa expresión efectista tiene algún significado—, pero ello constituye solamente una consecuencia secundaria. La justificación moral del capitalismo radica en el hecho que éste es el único sistema concordante con la naturaleza racional del hombre, que protege la supervivencia del hombre en tanto hombre, y cuyo principio rector es la "justicia".[2]
Resulta inaceptable para nosotros el machacón argumento colectivista que opone el bien común al bien particular o viceversa. Entendiendo que los derechos de unos no pueden violar derechos de otros (lo que sería -aparte de paradójico- contradictorio), nadie que ejerza su derecho puede ir en contra del bien común por aplicación de esta misma regla (los derechos no pueden violar derechos). Esto tiene inmediata aplicación práctica, por cuanto quien reclame el ejercicio legitimo de su derecho de propiedad no puede ser acusado de ir "en contra" del bien común. De la misma manera que, nadie en nombre del bien común puede impedir u obstaculizar que otro ejerza su legítimo derecho de propiedad, ya sea en forma individual o por medio de cualquier clase y especie de legislación, y ya fuere un particular quien lo intente o sea el gobierno mismo. En este último caso, quienes estarían violando el bien común serian ese particular o ese gobierno que pretenda restringir derechos de otros, como -por ejemplo- el de propiedad.
"el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado"[3]
Este enfoque parece contraponer el bien común al bien sectorial o de determinados grupos, lo que da a entender la expresión utilizada por el autor ("sectores afectados"). De ser esta la interpretación correcta se enmarca dentro de lo que afirmamos en el párrafo anterior. No obstante, no podemos dejar de señalar el peligro que representa la elaboración de políticas públicas por parte de los miembros de las burocracias políticas y gubernamentales, justamente por el fuerte incentivo que estas tienen a favorecer precisamente a "sectores afectados", convirtiéndolos en sectores privilegiados, lo que, nuevamente, a nuestro criterio, viola el bien común. De esto último da buena cuenta la siguiente cita:
"La opinión general -cuidadosamente cultivada, claro está, por el Estado mismo- es que los hombres se dedican a la política o ejercen el gobierno motivados sólo por su preocupación por el bien común y el bienestar general. ¿Qué es lo que confiere a los gobernantes la pátina de una moral superior? Quizás el hecho de que la gente tiene un conocimiento vago e instintivo de que el Estado está involucrado en el robo y la depredación sistemáticos, y siente que sólo una dedicación altruista por parte del Estado hace tolerables estas acciones".[4]
Como han demostrado autores como James Buchanan y Gordon Tullock, las motivaciones que animan a los políticos -ya sea en función de gobierno o como aspirantes a ocupar posiciones de poder dentro del mismo en cualquiera de sus estructuras- es ni más ni menos que la de cualquier otra persona común y corriente. No están inspirados en el bien común más que en sus propios intereses personales, y con la mira puestas en su bien privado y particular como el menor en poder de los ciudadanos. En realidad, están menos infundidos en el bien común que en su bien personal y privado. La visión romántica -e infantil- del político como "defensor" y "representante" del bien común es increíblemente mayoritaria no obstante.
"En la medida en que se construían las fábricas y comenzaban a emitir humo, destruyendo las huertas de los granjeros vecinos, éstos demandaban a sus propietarios por daños y solicitaban la intervención de los tribunales para evitar una mayor invasión a sus propiedades. La respuesta de los jueces era: "Sabemos que, lamentablemente, el humo industrial (es decir, la contaminación del aire) invade y lesiona sus derechos de propiedad. Pero hay algo más importante que los meros derechos de propiedad, y es la política pública, el 'bien común'. El bien común decreta que la industria y el progreso industrial son algo bueno, y por lo tanto sus simples derechos de propiedad privada deben ser abrogados en nombre del bienestar general".[5]
Aquí tenemos la versión colectivista del bien común a la que nos hubiéramos referido al comienzo, en la que se utiliza el bien común por parte de una autoridad (en este caso judicial) para destruir todos los demás derechos (en el ejemplo, el de propiedad que sirve de fundamento a todos los demás derechos).


[1] Ayn Rand. ¿Qué es el capitalismo? Estudios públicos. Introducción. pág. 64.
[2] Rand A. idem anterior, pág. 74
[3] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 8
[4] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pág. 74
[5] Murray N. Rothbard, ídem. anterior, Pág. 298.

El solidarismo



Por Gabriel Boragina ©

"El solidarismo comienza afirmando que los intereses de todos los miembros de la sociedad son armónicos. La propiedad privada de los bienes de producción es una institución social cuya mantención es del interés de todos y no solamente de los propietarios; todos se verían perjudicados si fuera reemplazada por una propiedad común que pondría en peligro la productividad del trabajo social. Hasta aquí el solidarismo va de la mano con el liberalismo. Pero a partir de aquí sus caminos se separan. Pues la teoría solidarista afirma que el principio de la solidaridad social no se materializa simplemente a través de un orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Niega el hecho de que actuar meramente en favor de los propios intereses de propiedad dentro del marco de un orden legal que garantice la libertad y la propiedad aseguraría una interacción de las acciones económicas individuales correspondientes a los fines de la cooperación social, aunque no lo analiza mayormente y tampoco avanza ideas que no hayan sido planteadas con anterioridad por los socialistas, especialmente por aquellos no marxistas. Los hombres en sociedad, por la sola naturaleza de la cooperación social, sólo dentro de la cual pueden existir, están recíprocamente interesados en el bienestar de sus prójimos; sus intereses son “solidarios” y por tanto propenderán a actuar en forma “solidaria”. Pero la mera propiedad privada de los medios de producción no ha logrado la solidaridad en una sociedad caracterizada por la división del trabajo. Para ese fin deben adoptarse provisiones especiales. El ala de mayor inclinación estatista dentro del solidarismo pretende llevar a cabo una acción “solidaria” a través de acciones del estado: a través de leyes que impongan obligaciones a los propietarios en favor de los desposeídos y en favor de la beneficencia pública. El ala de mayor inclinación eclesiástica del solidarismo desea alcanzar el mismo fin mediante llamados a la conciencia: el amor cristiano hará que el individuo cumpla con sus deberes sociales."[1]
Como mas adelante lo revela el propio autor de esta cita, el solidarismo no ha comprendido, ni la naturaleza, ni la verdadera función social de la propiedad privada y -por lo tanto- han centrado su ataque sobre ella. No existe ninguna ley, ni ningún orden jurídico que pueda dotar a la propiedad privada de una función social que ella ya no haya tenido desde su mismo origen. En otros términos, para que la propiedad posea una verdadera función social hay un sólo requisito, esa propiedad ha de ser privada. Cualquier otro tipo de propiedad, se la llame colectiva, pública, estatal, social, etc. no cumplirá jamás con el requerimiento básico indispensable para que la propiedad desempeñe una verdadera función social, y esta exigencia imprescindible –repitámoslo- nuevamente es que esa propiedad sea enteramente privada.
El propio carácter de privada (su condición de tal) es lo que determina que la propiedad plasme una verdadera función social, ya que -en última instancia- la propiedad privada no es más que el remedio que ha encontrado la sociedad a través de un largo peregrinaje evolutivo para solucionar el problema intrínseco social de la escasez. Y de ese extremado peregrinaje selectivo (del tipo ensayo y error, al decir de K. R. Popper), fue de donde ha surgido la propiedad privada como el único sistema que permite no sólo la convivencia civilizada entre las personas, sino su existencia como tal y el progreso material y social que caracteriza a nuestra civilización contemporánea.
El solidarismo por caso (que, como se observa, no es más que una variante o una excusa para el intervencionismo estatal) no ha conseguido ni por ventura reemplazar a la propiedad en dichos cometidos. Bajo ningún sistema solidarista (de los que hoy abundan, a tal punto de ser ellos la mayoría de los implantados en el mundo) ha habido ni progreso ni bienestar social. Sólo bajo el capitalismo y la propiedad privada la vida se ha prolongado y el bienestar de los pueblos ha florecido.
En suma, cualquier restricción que se le quiera imponer a la libre propiedad privada no hará más que privarla de su principal característica intrínseca con la cual ella ya viene dotada, esta es su función social. Restringir o limitar la propiedad privada implica destruir su función social y no a la inversa.
Por supuesto que, un partidario del solidarismo no puede comprender esto, porque su visión está condicionada por la influencia que han tenido en él (o ella) las ideas socialistas que se le han venido inculcando desde su más tierna niñez, y que se han canalizado a través de la mayoría de los medios conocidos.
"El solidarismo propone conservar la propiedad privada de los bienes de producción. Pero por sobre el propietario coloca una autoridad –sin importar acaso sea la ley y su creador, el estado, o la conciencia y su consejero–, la Iglesia que debe velar porque el propietario haga uso correcto de sus bienes. La autoridad habrá de evitar que el individuo explote “irrestrictamente” su posición en el proceso económico; también se impondrán ciertas restricciones a la propiedad. De tal modo el estado o la Iglesia, la ley o la conciencia se convierten en el factor decisivo en la sociedad. La propiedad es sometida a sus normas y cesa de ser el elemento básico y ulterior del orden social. Continúa existiendo sólo en la medida que lo permite la ley o la ética, es decir, la propiedad es abolida, dando que el propietario debe atenerse, al administrar su propiedad, a principios distintos que aquellos que le imponen los intereses de sus bienes."[2]
En otras palabras, el solidarismo demuele la base misma de la solidaridad, que no parte esta de ninguna otra institución diferente a la de la propiedad privada. Y la abolición de la propiedad implica la reaparición del fenómeno de la escasez, en virtud del cual -y para su solución- fue que se instrumentó la institución de la propiedad privada.


[1] Ludwig von Mises. "SOCIALISMOS Y PSEUDOSOCIALISMOS" (Extractado de Von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, capítulos 14 y 15. La traducción ha tenido como base la versión inglesa publicada por Liberty Classics, Indianapolis, 1981. Traducido y publicado con la debida autorización. Estudios Públicos, 15) Pag. 25 a 28
[2] L. v. Mises ídem. Nota anterior.

Propiedad, precios y privilegios



Por Gabriel Boragina ©

La prédica antiliberal y anticapitalista que campea por doquier siempre ha contribuido a generar una profunda confusión entre tres conceptos que son clave para poder entender correctamente cómo funciona la economía. El rol y la complementariedad existente entre el mercado, la competencia y la propiedad han sido tergiversados de continuo por los sistemas intervencionistas y dirigistas del mundo, por lo que será de interés remarcar su importancia.
"El mercado es como un plebiscito diario en el que la gente decide comprar o abstenerse de hacerlo, con lo que va estableciendo precios. Estos precios hacen de indicadores, precisamente para asignar los siempre escasos recursos a fines prioritarios. Quienes aciertan en el gusto de la gente incrementan sus patrimonios, quienes no lo hacen incurren en quebrantos y, por tanto, vía el cuadro de resultados, transfieren la propiedad a otras manos que puedan más eficientemente atender los requerimientos del público consumidor. Los precios van indicando, entonces, qué áreas o qué campos resultan más atractivos y cuáles no cuentan con el respaldo suficiente por parte de la gente."[1]
La condición para que el mercado produzca los resultados señalados en la cita, es que el mismo sea libre. Hoy en día, la mayoría de los mercados están intervenidos por los gobiernos, por lo que el sistema de precios sufre constantes y permanentes distorsiones que hacen que los efectos citados precedentemente no se vean cumplidos de la manera que allí se indica. El control del mercado por parte de los gobiernos afecta negativamente -y en forma directa- la competencia, que tampoco –de esta manera- es "libre". La interferencia estatal por vía de controles de precios o de cualquier otro modo, lo que produce es una alteración en los indicadores que (antes de la intrusión) orientaban correctamente a los productores adónde invertir y adónde no. Tales guías son precisamente los precios.
"Hay,.... ámbitos donde, evidentemente, las disposiciones legales no pueden crear la principal condición en que descansa la utilidad del sistema de la competencia y de la propiedad privada: que consiste en que el propietario se beneficie de todos los servicios útiles rendidos por su propiedad y sufra todos los perjuicios que de su uso resulten a otros. Allí donde, por ejemplo, es imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio, la competencia no producirá estos servicios; y el sistema de los precios resulta igualmente ineficaz cuando el daño causado a otros por ciertos usos de la propiedad no puede efectivamente cargarse al poseedor de ésta."[2]
En otras palabras: si no existe competencia ni propiedad privada, lo que se produce de hecho es la desaparición de la responsabilidad personal e individual del que -de otro modo- debería ser propietario. Viene a la mente "la teoría de los bienes públicos" que precisamente tiene este mismo efecto, en el que nadie es ni responsable ni beneficiario individual de nada, con lo cual resulta un incentivo para el uso y despilfarro de los recursos sujetos a tal régimen de propiedad colectiva. Fuera de este caso, no visualizamos otro campo donde sea "imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio" excepto el de los bienes libres, es decir –en términos de C. Menger- bienes no económicos. La otra situación es allí donde el gobierno prohíba directamente la competencia de tal suerte que –naturalmente- ante tal imposibilidad no aparecerán precios ni, por consiguiente, servicios algunos de los cuales beneficiarse.
"El conflicto entre la justicia formal y la igualdad formal ante la ley, por una parte, y los intentos de realizar diversos ideales de justicia sustantiva y de igualdad, por otra, explica también la extendida confusión acerca del concepto de «privilegio» y el consiguiente abuso de este concepto. Mencionaremos sólo el más importante ejemplo de tal abuso: la aplicación del término privilegio a la propiedad como tal. Sería en verdad privilegio si, por ejemplo, como fue a veces el caso en el pasado, la propiedad de la tierra se reservase para los miembros de la nobleza. Y es privilegio si, como ocurre ahora, el derecho a producir o vender alguna determinada cosa le está reservado a alguien en particular designado por la autoridad. Pero llamar privilegio a la propiedad privada como tal, que todos pueden adquirir bajo las mismas leyes, porque sólo algunos puedan lograr adquirirla, es privar de su significado a la palabra privilegio"[3]
Resulta claro, entonces, que un privilegio solo puede ser otorgado por una autoridad estatal y deviene en la concesión de un beneficio exclusivo, ya sea para una persona o un grupo de ellas, de donde por necesidad se excluye al resto de la sociedad tomada como conjunto. Esto tiene una rigurosa actualidad, ya que, lejos de vivir en una sociedad liberal o capitalista, estamos en su antítesis, o sea una sociedad de castas privilegiadas. Las leyes modernas tienden cada vez más a restringir el uso y disposición de la propiedad, especialmente por vías tributarias o fiscales, pero también de otras formas en que los gobiernos atacan los mercados y los reducen, para convertirlos en cotos de caza de determinados pseudo-empresarios que cumplen el mismo rol –actualmente- que desempeñaban los cortesanos en la época de las monarquías absolutas. Doctrinas erróneas y perniciosas, como la ya analizada tantas veces de la "justicia social", son las que sustentan esta falsa noción de privilegio, y que contribuyen con su difusión a la destrucción de la propiedad privada, con lo cual se perjudican los más necesitados.
Es por eso que, como hemos dicho tantas veces, los oligopolios y monopolios resultan ser un producto exclusivamente de creación estatal, en un sistema estatista como en el que nos encontramos a nivel mundial. La mejor garantía contra los privilegios es liberar al mercado de las actuales ataduras burocráticas que los gobiernos le imponen, a la vez que dar rienda suelta a que la competencia forme los precios que serán consecuencia de la plena vigencia de la más absoluta propiedad privada, tanto de los medios de producción como de los de consumo.


[1] Alberto Benegas Lynch (h) "EL LIBERALISMO COMO RESPETO AL PRÓJIMO". Especial para “Contribuciones”, Fundación Adenauer. pág. 4
[2] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 69
[3] F. A. von Hayek, Camino...Ob.cit.  pág. 114

Libre mercado, pobreza y trabajo



Por Gabriel Boragina ©

La economía de mercado libre no existe, porque los gobiernos la impiden. Por eso hay pobreza precisamente. Si el mercado no es libre implica que el pobre no es libre de salir de su pobreza, ni siquiera de intentarlo. Un mercado intervenido por el gobierno condena al necesitado a continuar en su condición miserable. “Libre” significa tener la posibilidad de progresar, de trabajar, ganar dinero, poder ahorrarlo e invertirlo. Millones de personas hoy en día no poseen esa oportunidad, entonces ¿cómo poder decir que “tenemos” o “vivimos” en un mercado “libre”? La misma existencia de gente en estado de indigencia nos da la pauta de la ausencia de un mercado libre. Sin embargo, podemos observar que en aquellos países donde los mercados son más libres, la pobreza es mucho menor. Porque “libre” implica libertad de trabajar, de ganar dinero y de conservar lo ganado. Si en algún sitio esta potencialidad no existe, no hay allí libre mercado en absoluto.
Pero ¿qué es realmente el mercado? El mercado somos todos. Por eso todos lo controlamos. El gobierno no lo controla. Lo interfiere y obstaculiza (que es cosa bien diferente). Se llama mercado a la interacción de millones de personas que diariamente realizan acuerdos (contratos) mediante los cuales intercambian derechos de propiedad sobre bienes o servicios. En esos intercambios controlamos que lo que recibimos sea lo que verdaderamente necesitamos más, y que lo que damos sea lo que realmente precisamos menos. Es decir, que pagamos ni más ni menos lo que llamamos un precio justo. La otra parte hace el mismo control, entrega lo que valora menos por algo que valora más. No hace falta que un tercero -que no nos conoce- venga a "controlar" la operación, y menos aún que interfiera sobre ella. Este control lo hacen todas y cada una de las personas que participan en el mercado. El gobierno no puede hacer ningún control de este tipo, porque no puede valorar en lugar de las partes que participan en la transacción. Sólo puede estorbarla, haciendo que una de las partes pierda frente a la otra. En cambio, si el mercado es libre, ambas partes ganan, porque controlan que así sea justamente. Lo único que hay que controlar es que ambos contratantes reciban lo esperado de cada uno, y este control sólo puede estar a cargo de ellos, porque nadie mejor que ellos saben qué es lo que necesitan y qué fue lo que motivó que decidieran intercambiar entre uno y otro con exclusión de cualquier tercero. De la misma manera que nosotros controlamos nuestros gastos diarios. No necesitamos que ningún burócrata lo haga por nosotros.
También hay que tener en cuenta que en los países comúnmente llamados "desarrollados" existen oligopolios y monopolios que, normalmente, son creados y administrados por los gobiernos en su mayoría, siendo el monopolio más grande de todos, el propio gobierno. Pero esto, como es notorio, no es defecto exclusivo de los países llamados “desarrollados” (habría que ver -además- qué implica concretamente esta última expresión). Monopolios y oligopolios aparecen y son frecuentes en economías intervenidas y proteccionistas, tendiendo a desaparecer a medida que la economía se va abriendo. Las famosas leyes antimonopolio -paradójicamente- son, junto con otras, las que crean y mantienen en el tiempo estas verdaderas concentraciones de capital.
La interferencia del gobierno en el mercado de trabajo es lo que produce el desempleo creciente, ya que las leyes laborales rompen el equilibrio natural que existe entre la oferta y demanda de mano de obra en el mercado y, gracias al cual, la tendencia al pleno empleo es una constante. El efecto de las leyes laborales (también llamadas “sociales” denominación redundante y paradójica, como si hubiera leyes que no fueran “sociales” ya que todas las leyes tienen razón de ser en (y para) un contexto social) es elevar los costos del trabajo por encima de su nivel de productividad. Como consecuencia de este fenómeno, suben los salarios nominales al tiempo que bajan los salarios reales y el resultado de todo este proceso es el desempleo. Las leyes laborales eliminan de la competencia a los actuales y potenciales empleadores, reduciendo el mercado laboral, que más se achica cuanto más la ley laboral eleva los costos de contratación, todo lo cual termina expulsando mano de obra hacia el paro o desempleo.
Se ha dicho que en materia económica “el Estado debe actuar”. Pero se olvida -o se desconoce directamente- que no actúa ni puede actuar. Sólo los individuos actúan, no las hipostasis. Esto -en los hechos- significa que los que actúan son las personas que están a cargo del gobierno, que no necesariamente lo harán bien como con frecuencia se supone, dado que los gobernantes son tan humanos como cualquiera de nosotros, ergo son falibles y yerran a menudo, por lo que no existe ninguna razón que determine que la decisión de un burócrata va a ser superior o mejor siquiera a la de cualesquiera que no ocupe cargos en la burocracia.
También se pretende que sean los gobiernos los que determinen los "mejores" mercados y sociedades. Tampoco esto es posible, porque los mejores mercados y sociedades son determinados por las personas y no por los "estados" por lo dicho en el párrafo anterior. Ningún gobierno goza de la omnisciencia que de ordinario la mayoría de la gente presume que posee. El mercado es un proceso espontáneo, que surge en las sociedades libres. Los gobiernos sólo pueden reducir y obstruir este proceso, nunca pueden "mejorarlo", sólo pueden perjudicarlo.
Se cree que si el gobierno no interviene, el mercado libre caerá en manos de poderosos ricos. Pero como dijimos al comenzar, hoy por hoy, no hay mercado libre, porque el "libre" mercado ya está en manos de los poderosos ricos. Ellos son los gobiernos y gobernantes. Es "libre" sólo para los gobiernos, no para el común de la gente. El gobierno reduce la libertad del mercado al ámbito de los funcionarios, burócratas y algunos mal llamados “empresarios” que ofician -en realidad- como verdaderos barones feudales, operando al abrigo del proteccionismo que les brindan precisamente esos mismos burócratas y funcionarios estatales.

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...