Las crisis económico-políticas.

Por Gabriel Boragina ©

Mucho se ha escrito ya, desde luego, sobre la génesis de las crisis económicas. Sin embargo, será interesante hacer un breve análisis sobre la interrelación entre crisis económicas y crisis políticas, habida cuenta que creemos que existe un nexo entre ambas que se presenta con recurrencia e interdependencia, tanto como  con rarísimas, escasas e inclusive nulas excepciones.
Por nuestro lado, hemos observado la siguiente secuencia:

1.- Los actos políticos producen crisis económicas,
2.- Las crisis económicas generan crisis políticas y
3.- Las crisis políticas provocan los cambios de gobierno.

Esta constante y el orden dado en ella (1, 2 y 3) -hemos comprobado- que es inexorable, y se presenta en cualquier tiempo y lugar, por supuesto que, en disimiles grados e intensidades. Veamos un poco más en detalle cada uno de los tres pasos de los nexos de causalidad entre las crisis políticas y las económicas.
La primera fase de la crisis que se observa con una regularidad casi matemática, es aquella que indica que no se presentan jamás crisis económicas sin que exista como causa antecedente de ellas una previa manipulación de las variables económicas por parte de los poderes políticos. Este es un continuo, que puede ser demostrado empíricamente mediante el estudio y la observación de los grandes fenómenos económicos de los que da cuenta la historia de la economía. El punto 1 del esquema es lo que los escritores de la Escuela Austriaca de Economía (tales como Ludwig von Mises), han sintetizado bajo el rótulo de intervencionismo, y que no alude a cualquier intervención del gobierno en los asuntos humanos, sino en particular referida al intervencionismo económico. Hacemos esta aclaración por cuanto el dictado de leyes, decretos y sentencias judiciales, también conforman una suerte de intervencionismo del estado en las relaciones humanas, pero a veces, este intervencionismo legal (por darle alguna denominación) no obstaculiza en forma directa las relaciones económicas.
Como síntesis entonces de lo expresado hasta aquí, podemos concluir que todo intervencionismo económico estatal generará una correlativa crisis económica. Naturalmente, que el grado de esta crisis económica variará en función al nivel de intervencionismo que se trate. Pequeñas intervenciones en el mercado producirán pequeñas crisis, las que incluso pueden pasar inadvertidas por largo tiempo. Intervenciones mayores darán como consecuencia, de la misma manera, crisis de mayor envergadura, en tanto que la intervención total del sistema económico deparará como resultado la crisis completa del mismo.
Si bien el intervencionismo estatal en la economía puede adoptar un número grande de modalidades, el denominador común a todo intervencionismo se traduce en una transferencia compulsiva de recursos e ingresos desde una persona o sector hacia otra persona o sectores diferentes, en lo que se ha dado en llamar una suerte de subsidios cruzados, lo que -naturalmente- genera un gran beneplácito para los grupos subsidiados y por contrapartida, un alto malestar en los sectores subsidiantes, lo que -a su turno- crea una crisis dentro del conjunto expoliado, habida cuenta que todas esta transferencias de ingresos y recursos son coactivas y no voluntarias. Lógico es pues que originen conflicto.
En la fase siguiente, los sectores expoliados dirigen sus reclamos a los círculos beneficiados con el despojo, y en un grado ulterior, contra el gobierno expoliador. Estas quejas y demandas de los perjudicados contra el gobierno intervencionista, ocasionan -en la medida de su expoliación- minicrisis políticas y -en proporción a su extensión- crisis política propiamente dicha. Es decir, nos encontramos ya en la segunda fase de nuestro esquema inicial. En esta segunda etapa, la crisis política se produce porque el gobierno -ante las diferentes y constantes presiones sociales por la situación provocada- trata de "resolver" la misma de manera igualmente equivocada, vale decir en sentido inverso : desfalcando esta vez a otros sectores que no lo fueron antes, o -a veces- quitándoles a los beneficiados en primer término lo que les había dado originariamente, y entregándolo a otros grupos diferentes, todo siempre de acuerdo a criterios políticos coercitivos y arbitrarios, o fruto de conveniencias electorales en su caso.
Cuando todo este complejo enjambre de intervenciones, subsidios cruzados, reclamos, presiones se plasma en protestas materiales, como ser paros, marchas, manifestaciones violentas o desobediencias civiles sostenidas en el tiempo, el gobierno se debilita, al punto tal que ya no puede satisfacer las crecientes demandas de absolutamente ningún sector de la sociedad civil, ni en su conjunto ni por separado. Entramos pues en la tercera fase del esquema inicial dado al comienzo, en el que la crisis política desemboca en la caída del gobierno en cuestión.
Ahora bien, cabe señalar que, aun cuando la secuencia dada arriba (1, 2 y 3) es inexorable en el sentido que todo cambio de gobierno se produce mediante la vía explicada y siguiendo ese riguroso orden de pasos, hay que tener en cuenta que cada etapa -en sí misma y aisladamente considerada- puede durar muchísimo tiempo, y que el proceso no es en modo alguno irreversible. Es decir: el gobierno puede advertir a tiempo el camino equivocado que está llevando y dar marcha atrás en su intervencionismo económico. En otros casos, puede detenerse en cualquiera de las tres fases y prolongarla, entrando en una suerte de estancamiento, todo lo cual dependerá de las particulares circunstancias de cada región, provincia, estado, país, continente, etc. y del grupo gobernante, ello habida cuenta que todo intervencionismo económico no es en el fondo más que una decisión de índole política, y sobre la determinación de interferir los mercados puede -en cualquier momento- adoptarse la resolución en sentido contrario : la de dejar de obstaculizar los procesos de mercado. Cierto es que son poquísimos los gobiernos del mundo que desisten de intervenir en las economías de sus países, y que las diferencias sustanciales entre un gobierno y otro residen -casi exclusivamente- en cuál entorpece menos los mercados. Pero ello, no quita que obstruir a los mercados siga siendo una decisión política y no algo "inevitable" para los gobiernos.


Ver además:

La política de los políticos

Por Gabriel Boragina ©

 

Puede resultar extraño el titulo del encabezado y preguntarse el lector ¿Por qué "la política de los políticos"? ¿No es una sola la política? La respuesta a dar es relativa, ya sea que se la conteste desde lo académico o desde lo fáctico. Desde lo académico, es posible citar muchas definiciones de "política". Pero desde lo fáctico, cabe hablar de diferentes clases de política o, si se prefiere, de hacer política.

Un fenómeno que parece ser mundial es el de la profesionalización de la política. Proliferan quejas de que la política ha dejado de ser una vocación para pasar a ser una profesión. Mejor es decir -opinamos- la profesionalización de los políticos y no de la política.

Por eso, me parece que ya es posible hablar -entre las muchas clasificaciones que existen- de dos grandes tipos de política: "la política del pueblo" y "la política de los políticos".

Y ¿en qué consisten? A grandes rasgos, digamos que en las "democracias" (al menos la Argentina) "la política del pueblo" se limita a votar, en tanto que "la política de los políticos" se circunscribe a lucrar. Entonces, en esta nefasta ecuación, los políticos conforman una clase parasitaria que se mantiene de los votantes.

El ciudadano común, nutre a la casta política con dos tipos de "alimentos":

1.                  El voto: que posiciona al político dentro de la esfera del poder.

2.                  Los impuestos: que fagocita el gobierno durante su permanencia en el poder.

Por supuesto que, dentro de la clase parasitaria no todos los parásitos son iguales. Están los grandes parásitos, que son los que detentan el gobierno de turno, y los pequeños parásitos que aspiran a convertirse algún día (más pronto que más tarde) en los grandes, reemplazando a aquellos.

Y ¿Cómo es posible esto? Muy simple: a través de un mecanismo institucional que establece un sistema de regulaciones legales que -en suma- maniobran como una enorme maquinaria destinada a transferir ingresos desde el ciudadano común hacia la clase política. La legislación fiscal, comercial, económica e incluso la civil y la penal, operan en esta dirección, cuando pretenden avanzar sobre los derechos de propiedad de la ciudadanía. En el mismo punto en que esta masa legislativa empieza a colisionar con la Constitución de la Nación Argentina, (en su primera parte sobre todo), es donde comienza a forjarse la tiranía.

Esta es "la política de los políticos" contraria a la política "a secas".

Siguiendo con el caso argentino: el gobierno de FPV (Frente para la Victoria del matrimonio Kirchner) ha llevado al paroxismo "la política de los políticos" excluyendo a todos los políticos que no formen parte de su círculo de genuflexos, transformando "la política" en "la política K".

Hay, no obstante, una buena dosis de ingenuidad en una parte abrumadoramente mayoritaria de la población, que sigue creyendo que "la política del pueblo" tiene alguna influencia sobre "la política de los políticos", y es dable observar que, en el caso de la política del gobernante FPV, los intereses de los gobernados no ocupan ningún lugar en la consideración de los ejecutores del poder opresivo que ejerce excepto, claro está, en lo que se refiere a sus partidarios (sean estos por convicción o por conveniencia).

Si es cierto que los gobiernos son el reflejo de sus pueblos, el estado de degradación alcanzado por la Argentina es verdaderamente alarmante y cabe preguntarse qué más bajo puede caerse en lo sucesivo de mantener gobernantes como los Kirchner y sus irresponsables e inmorales secuaces enquistados en el poder, quienes se han reservado la denominación del vocablo "política" exclusivamente para lo que hacen, piensan y diseñan ellos en exclusividad. La reversión de este estado de decadencia se dificulta notablemente, si es que la ciudadanía no advierte el problema y no ejecuta acciones en la dirección contraria a la destrucción política, moral y económica del país.

Pero también es verdad, -como tantas veces hemos señalado-, que existe una suerte de retroalimentación entre gobernantes y gobernados y que, en definitiva, lo que la mayoría acepte y tolere será astuta y ampliamente capitalizado por los mandamases en su favor. Cada milímetro que el pueblo ceda a sus tiranos, será un milímetro más que la tiranía aprovechará para ocupar el lugar libre dejado por los que retroceden ante su avance.

La aberrante idea de que en una "democracia" debe permitirse absolutamente todo al poder de turno, es una noción letal, germen de un autoritarismo que se hace cada vez más grande a pasos agigantados, y en donde campea el relativismo moral, que sume a las masas en un sopor que impulsa a la inacción. Esta idea funesta de democracia ilimitada, como ya lo advirtiera Friedrich A. von Hayek en su Camino de Servidumbre y demás obras, es -por desgracia- la que predomina hoy entre gobernantes y la mayoría de los gobernados.

En todo caso, ha de comprenderse que la política no se limita ni se circunscribe a lo que los políticos hagan o dejen de hacer, ni mucho menos a lo que permitan o no permitan hacer a los ciudadanos. La política incluye a gobernados y gobernantes, y en las repúblicas, el poder reside en la soberanía popular, que viene a ser como una pirámide invertida en el que el poder soberano del pueblo lo delega provisoriamente en otros ciudadanos, que deben desempeñarse como mandatarios de los primeros y no a la inversa como sucede de ordinario en buena parte del mundo y con gran énfasis en la Argentina de hoy.

Lo dicho, por supuesto, no descalifica a los políticos de vocación que, aunque en número escaso, hay que reconocer que -con todo-, aun existen.  No obstante, si no se produce un cambio de mentalidad en la forma en que gobernantes y gobernados entienden actualmente la palabra "política", no son esperables grandes modificaciones en el escenario de la política nacional y en muchos casos, mundial.

 

La Argentina tiene un gobierno de facto


Por Gabriel Boragina ©

En su ya clásica definición de "gobierno", el Profesor Ossorio, luego de comentar las de Fiske y Posada, expresa textualmente lo siguiente: "Ahora bien, contemplado el asunto desde un punto de vista jurídico, es evidente que un gobierno puede ser considerado como tal cuando tiene un origen legal, o sea cuando está designado y actúa conforme a la Constitución y a las leyes, caso en el cual, y precisamente por eso, es llamado  de iure.  Apartándose, por su nacimiento, de la legalidad constitucional, será un gobierno de facto (v.), de hecho y no de derecho. El primero  ejerce  la autoridad, el segúndo la detenta o usurpa y sólo puede mantenerse en el poder apoyado por la fuerza y actuando dictatorial o tiránicamente."[1]
Los requisitos pues, para que exista un gobierno de iure es -como expresa el Dr. Ossorio- no sólo que haya sido designado conforme a la Constitución y a las leyes, sino y muy especialmente que actúe conforme a ellas. Va de suyo que el gobierno del Frente para la Victoria que llevara al poder a los Kirchner escasamente ha actuado "conforme a la Constitución y a las leyes", sino que las han violado en cuanta oportunidad han tenido a su alcance, apartándose de la legalidad constitucional, pese a sus dudosas elecciones aparentemente "conformes" a la Constitución. 
Sólo por citar algunos pocos ejemplos de ataques anticonstitucionales del gobierno del FPV, recordemos las confiscaciones que representaron las estatizaciones de los fondos de las AFJP, las acciones de la empresa Repsol (en el marco de la re-estatización de YPF), la creciente inflación, etc. todas ellas abiertamente vulneradoras de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución de la Nación Argentina.  Simultáneamente, los controles de cambio y las restricciones al comercio exterior, etc. representaron clarísimos y violentos ataques a dichos artículos, incluyendo -además- el 14 de la Carta Magna. 
Por su lado, otro notable jurista, el Dr. Antonio Castagno en su artículo sobre el Gobierno enseña:
"3. Gobierno de jure, de facto, usurpador y revolucionario. El ejercicio de los poderes del Estado se realiza de acuerdo con normas preestablecidas, observando un procedimiento normado en la ley fundamental, o puede también ejercerse esos poderes sin sujeción a norma alguna. Si se considera el ejercicio del poder por los órganos que forman el Gobierno, partiendo de la Constitución (pues no se considerará aquí la época anterior al constitucionalismo), se observa que aquélla establece la forma cómo puede llegarse al ejercicio del poder, el procedimiento, como también fija normas de cumplimiento estricto para el desempeño de la función, además, lógicamente, de la cualidades personales de los titulares. Es decir, que si los órganos que forman el Gobierno han llegado observando las normas constitucionales, constituyen un gobierno de jure o de derecho. ... Un gobierno es legal (de derecho, de jure o constitucional), cuando emana de elección o nombramiento hechos con arreglos a la Constitución y leyes vigentes, y se conduce legalmente en el ejercicio del poder público"...Pero las normas constitucionales no siempre son observadas y la irregularidad en el ejercicio de los poderes —verdadera patología jurídica, empleando la expresión del profesor Bielsa— da nacimiento a otras clases de gobiernos: de facto o de hecho, usurpador y revolucionario."[2]
Es importante la opinión de este autor, porque vemos que pone énfasis en el ejercicio del poder más que en el modo de acceso al mismo. Pese a cierta ambigüedad en el empleo de la palabra "llegar" en la cita de su obra, resulta clara su conclusión, en cuanto a que "Un gobierno es legal (de derecho, de jure o constitucional), cuando emana de elección o nombramiento hechos con arreglos a la Constitución y leyes vigentes, y se conduce legalmente en el ejercicio del poder público".
Volviendo entonces al caso argentino, si bien es dudosa que esa elección de ambos Kirchner se hubiera hecho con arreglo a la Constitución y leyes vigentes, aun se lo considerara así, no cabe -en cambio- ninguna duda que en un porcentaje muy, pero muy alto, jamás se condujeron  "legalmente en el ejercicio del poder público".
Entonces la conclusión es que para estos tres gobiernos del FPV "las normas constitucionales no siempre son [ni fueron] observadas", lo que acarrea -como dice el profesor Castagno- "la irregularidad en el ejercicio de los poderes" lo que deriva en el "nacimiento a otras clases de gobiernos: de facto o de hecho, usurpador y revolucionario" y que es lo que es el FPV en el poder.
La lista de normas constitucionales quebrantadas por este gobierno usurpador es larguísima y excedería el espacio disponible, pero destacan la sanción de la llamada "ley de Medios" contraria a los arts. 14 a 19, entre otros, de la Constitución de la Nación Argentina. La confiscación de las reservas del Banco Central de la República Argentina violó -además de los artículos ya mencionados antes- el 4º de la Carta Magna. El enriquecimiento escandaloso del matrimonio Kirchner representó otro ataque más a la Constitución, habida cuenta que su artículo 36º reza en forma textual : "Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos."
El conjunto de todos estos ilícitos llevados a cabo por parte del FPV contra el orden constitucional (mas muchísimos otros que serían interminables de enumerar aquí), conforme hemos visto, configura un caso típico que la Ciencia Política y la del Derecho Constitucional han encuadrado ya desde antiguo como la de un gobierno de facto o usurpador.
Se trata, sin lugar a dudas además, de uno de los gobiernos más corruptos e inmorales y de oprobiosa memoria de toda la historia argentina.




[1] Ossorio Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553, pág. 439
[2] Castagno, Antonio, voz "Gobierno" en Enciclopedia Jurídica OMEBA,  TOMO 13 letra G Grupo 5, pág. 9 a 41.

El derecho de propiedad y su violación

Por Gabriel Boragina © Desde todos los ángulos imaginables se reclaman con urgencia "políticas públicas" como supuesta y ú...